Agua y Constitución: una clara oportunidad

Evangelina Dardati

Hasta ahora, en materia de agua en el proceso constituyente hay más interrogantes que certezas. En la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico se aprobaron varias recomendaciones que refuerzan el uso prioritario del agua para consumo humano y para el cuidado de los ecosistemas, así como otras iniciativas más radicales que plantean la revocación de los derechos de aprovechamiento de agua para cambiar el método de prevención por un sistema de licencias de carácter temporal y sujeto a causales de revocación y con obligaciones específicas.

La mayoría de estas iniciativas aún no pasa al pleno de la Convención, instancia en la que hasta el momento prácticamente todos los artículos que ha aprobado esta comisión han sido rechazados. De repetirse el patrón, esto implica que gran parte de las iniciativas en materia de aguas aprobadas por la comisión, especialmente aquellas que conllevan una privación del derecho de propiedad, probablemente también serán rechazadas. Por ello, la gran pregunta es adecuada serán las propuestas de esta comisión que sí lograrán plasmarse en la Constitución.

Una pequeña luz al final del túnel es la iniciativa constitucional aprobada en general por la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, que propone la creación de una Autoridad Nacional del Agua. La creación de este organismo sería un importante avance para la gestión de los recursos hídricos.

Tal como lo muestra el informe del Banco Mundial de 2013, los problemas principales en la gestión del agua en Chile son institucionales, en particular, la falta de una administración integrada y eficiente para el manejo del recurso. En este mismo informe se muestra que en Chile hay más de 40 actores institucionales responsables de la ejecución de más de 100 funciones diferentes. Dichas instituciones abarcan desde ministerios, gobiernos regionales y municipios, hasta corporaciones y organizaciones autónomas. Esta descentralización de las funciones genera diversos problemas de coordinación en un sector en donde la gestión integral a nivel de cuenca y la correcta asignación de responsabilidades es fundamental.

Por ello, contar con un organismo técnico y autónomo que pueda coordinar a los diferentes actores involucrados es una medida no solo necesaria, sino a esta altura imprescindible. Idealmente, esta institución sería también la encargada de establecer un plan hídrico nacional a largo plazo. Finalmente, se le daría más jerarquía al agua y su gestión no dependería de un ministerio, que a su vez depende del sector político que está en el poder.

La administración del recurso requiere de manera cada vez más urgente estar a cargo de un cuerpo profesional especializado que tenga ante todo una mirada técnica y de largo plazo. La creación de este organismo es un primer paso importante para comenzar a resolver los problemas de gestión hídrica cada vez más acentuados por la sequía y el cambio climático.